Los abogados del expresidente Jair Bolsonaro presentaron este martes un comunicado al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en el que negaron que haya violado las restricciones impuestas por la Justicia el pasado viernes. Sin embargo, el lunes el exmandatario dialogó con medios de comunicación y sus palabras fueron reproducidas en diferentes plataformas.

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La defensa respondió al plazo de 24 horas otorgado por el juez Alexandre de Moraes, quien cuestionó la aparición de Bolsonaro en un video donde mostró su tobillera electrónica que fue difundido en redes sociales. El lunes, Bolsonaro mostró a la prensa su tobillera electrónica al salir del Congreso, donde se reunió con legisladores de oposición.

Este dispositivo forma parte de las medidas cautelares ordenadas por Moraes, que incluyen un toque de queda nocturno, vigilancia constante y la prohibición de publicar en redes sociales, ya sea de forma directa o indirecta.

El juez aclaró que la restricción abarca “transmisiones, retransmisiones o difusión de audios, videos o transcripciones de entrevistas en cualquiera de las plataformas de redes sociales de terceros”.

En el comunicado, los abogados de Bolsonaro afirmaron que «el expresidente no publicó, no accedió a sus redes sociales ni solicitó que terceros lo hicieran”.

Argumentaron que los videos difundidos en internet, incluido uno compartido por su hijo Eduardo Bolsonaro, no fueron autorizados por el exmandatario. Además, solicitaron al STF que precise el alcance de la prohibición, especialmente si incluye entrevistas con la prensa.

La controversia surgió tras la aparición de Bolsonaro en un video grabado el lunes, donde calificó la tobillera electrónica como “un símbolo de la máxima humillación”.

Estas imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, llevaron a Moraes a exigir explicaciones, advirtiendo que un incumplimiento podría derivar en la “prisión inmediata” del expresidente.

Bolsonaro enfrenta un juicio en el STF por planear un golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Las restricciones, respaldadas por la Policía Federal y la Procuraduría General, buscan evitar que el exmandatario huya del país o interfiera en el proceso judicial.

El caso ha generado tensiones internacionales, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolo de “cacería política” y amenazando con imponer aranceles del 50 por ciento a bienes brasileños desde el próximo 1 de agosto.

Hasta el momento, el STF aún no ha emitido una decisión sobre la respuesta de los abogados de Bolsonaro.

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